Ni confianza ni desconfianza, sino participación y control

*Por Ricardo Endevini

Con pocas y notables excepciones vemos que los integrantes de los distintos poderes institucionales que gobiernan tienen, cuando menos, una notable elasticidad en cuanto a moral pública. Es como si no fuera con ellos. Empezando por el nuevo rey, que no ha dicho una palabra, más que vacuas generalidades, sobre corrupción, privilegios, ilegalidad o inmoralidad.

No son sólo los corruptos, sino los que por conveniencias políticas o comodidad personal consienten o cierran los ojos ante los casos de corrupción. Con la excusa de la presunción de inocencia, la prescripción (como si el hecho de haber pasado el tiempo legal hiciera que un delito no fuera igualmente repudiable y condenable), la opacidad que deliberadamente encubre el límite entre responsabilidad penal y política. Se extiende, hasta dar nauseas, la ausencia de controles sobre gobernantes, legisladores y jueces.

Es pueril el argumento, que será objeto de otro comentario, de que en nuestra democracia cada tantos años los ciudadanos, con su voto, pueden cambiar este estado de cosas; la realidad es que el sistema económico-político vivido en los últimos años ha favorecido especialmente la aparición de empresarios que sobornan y evaden impuestos, de funcionarios que se dejan sobornar y, por interés personal o ideología, atentan contra el interés público; informadores (no periodistas) que mienten, ocultan información o la exponen de forma torticera, jueces que sirven a intereses partidistas o económicos, policías que se exceden en sus atribuciones o directamente corruptos, gobernantes que ponen sus intereses por encima de la responsabilidad de sus cargos, legisladores que se aprovechan para lucrar a costa del dinero público, controladores que no controlan, etc.

No olvidemos que el vigente marco legal, deliberadamente o por negligencia, no da respuesta a las necesidades de la gente; por el contrario, este marco facilita, tolera y hasta protege la impunidad de los males anteriores.

No es fácil cambiar este estado de cosas; sin embargo, es necesario si queremos recuperar una vida digna. Lo mejor es empezar por nosotros mismos, nuestras organizaciones y representantes.

Para empezar, hay que prescindir de la confianza: no debemos esperar que nuestros dirigentes, postulantes y cargos  obren bien, debemos aspirar a que no puedan obrar mal y que sus sucesores, de la misma manera, estén sujetos a la falta de impunidad.

Propongo algunas medidas para este fin, siendo consciente de que lo fundamental es la participación de todas las personas que así lo quieran en los asuntos públicos y de que la información debe ser abierta y compartida.

1.      Rendición de cuentas en Asambleas públicas.

Por lo menos una vez al mes los dirigentes, cargos, responsables, etc. deben responder preguntas, dar explicaciones y someterse a control popular en asambleas abiertas que ellos mismos deben convocar, en horarios y sitios accesibles para cualquiera. Si algún mes no pueden, deben explicar por qué y fijar nueva fecha de convocatoria.

2.      Inmediata revocación de los mandatos.

Todos los dirigentes, cargos, responsables pueden ser inmediatamente revocados,  por mayoría simple, por quienes los han  elegido; en el caso de aquellas personas que ocupen un puesto institucional, no se puede derogar el mandato, pero sí dejar claro que de quien se trata no representa al órgano que originalmente lo propuso.

3.      Salarios e ingresos.

El sueldo de cualquier responsable político no puede exceder del triple del salario mínimo interprofesional. En el caso de los cargos públicos, los excedentes irán a un fondo y serán los organismos competentes en el manejo de las finanzas quienes libremente decidirán cómo y para qué fines deben usarse.

Estos aportes no pretenden dar por concluido, ni mucho menos, un proceso de organización que será largo. Pretendo señalar un criterio que debe, a mi juicio, señalar el camino.

Ni confianza ni desconfianza, sino participación y control.  

*Ricardo Endevini es simpatizante de Podemos (por falta de tiempo no puede implicarse más en el proyecto, aunque le gustaría). Su militancia política viene de muy atrás, empezando por sus años como líder sindical y opositor en la clandestinidad a la dictadura de Rafael Videla en Argentina, su país de origen. Ya en España, donde reside desde hace más de dos décadas, Endevini fue un activo militante de la Liga Comunista Revolucionaria hasta su refundación. 

Este es el primero de una serie de artículos en los que el Autor tratará diversos temas más concretos y actuales. 

Carta abierta al ministro de Justicia

“Gallardón confirma que la malformación no será una causa legal para abortar. Todo dependería de los daños hipotéticos que el embarazo pudiera generar en la madre, porque "una discapacidad no es motivo para restar derechos a una persona"”. 

 

Completamente de acuerdo con usted en eso último, señor ministro. Por tanto, y atendiendo a sus propias palabras, le insto a usted y a todo el Gobierno a cumplir inmediatamente las disposiciones de la Ley de Dependencia en toda su amplitud; es decir, PAGUEN ya de una vez y por toda la integridad de las ayudas que moral y legalmente merecen todas las personas dependientes de este país y sus familias. No le pido que haga milagros, señor ministro. ¡Le pido que cumpla la Ley! 

Ya está bien de bajar falsamente los grados de dependencia y minusvalía para disminuir, cuando no directamente suprimir, las ayudas de la Ley de Dependencia. 

Ya basta de retrasar artificialmente el pago de las ayudas, que sospechosamente terminan llegando cuando el o la dependiente ya ha fallecido. Están ustedes condenando así a miles de personas a un sufrimiento cruel e inhumano. Un sufrimiento diario, una angustia constante y que no da ni un segundo de respiro.

 

No se entiende, señor Ruíz-Gallardón, el celo que muestran ustedes en proteger los derechos de quienes, al fin y al cabo, aún no han nacido al mismo tiempo que pisotean sin ningún pudor la dignidad de quienes ya estamos aquí. 

  

Y la cosa es aún más llamativa si se tiene en cuenta la profunda fe católica que usted en particular, y el Partido Popular en general, dicen profesar…

 

No es justo, señor ministro. Usted mismo lo ha dicho: “una discapacidad no es motivo para restar derechos a una persona”. Pues bien, actúe en consecuencia. Y no lo haga por mí. Si quiere, hágalo por piedad, por caridad, por dios, hágalo por salvar su alma y asegurarse un cara a cara con San Pedro cuando le llegue el momento... No lo sé, elija una razón, la que a usted más le guste. Pero hágalo. Hágalo o lárguese, usted y todo el Gobierno en pleno. 

Bueno, ahora que lo pienso… hay otra posibilidad: ¿quizá lo que sucede es que es usted un cínico y cree que no nos hemos dado cuenta?